sábado, noviembre 22, 2008

LA SALIDA DEL SR. RODRICH ES LAMENTABLE PERO NO ES UNA TRAGEDIA

En el “Blog de Susana Villaran”, que tengo por costumbre visitar regularmente, encontré un articulo en el que ella comenta el reciente alejamiento del Sr. Augusto Alvarez Rodrich de la dirección del diario Perú 21.

En dicho articulo la Sra. Villaran no esconde su indignación por lo que considera un atropello perpetrado por el grupo editorial El Comercio no solo contra el Sr. Rodrich sino también contra la sociedad en su conjunto al haber callado lo que se había convertido en una voz plural y critica singular dentro del asfixiante y monocorde discurso periodístico nacional.

El tema y sobretodo el comentario de la Sra. Villaran me entusiasmaron al punto que me permití dejar un comentario en su blog. El siguiente es el texto de dicho comentario que, por lo extenso, me pareció apropiado incluirlo en esta bitácora y compartirlo con ustedes.

Estimada Sra. Susana:

Convertir la salida del Sr. Rodrich en un evento de carácter socio político no solo es inadecuado, por decir lo menos, sino lo que es mas, contribuye a desnaturalizar lo que es la libertad de expresión en una democracia.

El grupo El Comercio es un grupo empresarial conservador y por tanto es de esperarse que todas las publicaciones escritas de este grupo respeten esa orientación ideológica. No debe pues extrañarnos que el grupo reaccione a la incomoda linea informativa que el Sr. Rodrich había imprimido al diario Peru21 y decida cambiarlo por alguien que seguramente sera mas obsecuente con la linea periodística del grupo.

De la misma manera no tiene porque extrañarnos si una publicación liberal decide tomar una decisión similar con un director de corte conservador.

Eso es libertad de prensa.

Todos tenemos el derecho de comprar papel y tinta, contratar una rotativa, negociar con un distribuidor y publicar nuestro propio diario fiel a la linea informativa y/o ideológica que mas nos acomode y/o convenga.

Al final del día el éxito de las publicaciones depende del favor del publico que comprara o no la publicación. Por supuesto, si el publico premia con su preferencia a una publicación esta a su vez tendrá oportunidad de generar ingresos adicionales por concepto de publicidad.

Lo que no es correcto es crear la percepción de que las publicaciones periodísticas tienen una responsabilidad social o compromiso cívico que va mas allá de lo arriba expuesto. Las publicaciones periodísticas pueden decir lo que les venga en gana y por las razones les de la gana. La única responsabilidad y obligación que tienen es la de no vulnerar las leyes y el derecho individual de las personas.

Insisto, eso es precisamente la libertad de expresión y, al amparo de este fundamental derecho individual, la libertad de prensa.

Otra historia es el caso de los medios de comunicación que utilizan frecuencias radioeléctricas que por su naturaleza son finitas y por definición constitucional, un recurso propiedad de todos los peruanos. Una historia de uso y abuso de privilegios obscenos que no viene al caso comentar en este momento.

La separación del Sr. Rodrich de la dirección del diario Perú 21 es lamentable en la medida en que este es indudablemente un excelente profesional que había hecho un gran trabajo construyendo una publicación amena, ágil, moderna, interesante y critica. Pero, convertir su salida en una afrenta cuasi social e insinuar que ello vulnera en forma alguna la libertad de expresión no solo es inapropiado sino mas aun, es una posición que atenta precisamente contra la libertad de expresión que pretende y/o dice defender.

En lo personal, hace mas de 10 anos que no compro El Comercio ejerciendo de esta forma mi pleno derecho a escoger que publicaciones leer. Es curioso que le haya tomado a usted tanto tiempo descubrir que el mismo tiene una linea informativa e editorial absolutamente conservadora, poco fiable y no creo exagerar al decir que linda con lo cavernario.

En lo que respecta al diario Peru 21 me temo que voy a tener que dejar de comprar y leer el diario no porque hayan despedido al Sr. Rodrich, cosa que sinceramente lamento, sino porque con la renuncia de la planta de articulistas o como se llamaban antes, columnistas, realmente la publicación ha perdido todo interés para mi.

Felizmente todavía quedan una serie de medios de información entre los que ciertamente destacan los Blogs, como el suyo, que le permiten a uno tener acceso a la pluralidad de opiniones que, por lo menos en mi caso, busco.

Mañana mas tarde, quien sabe, tal vez el Sr. Rodrich decida lanzar o trabajar para una publicación que se ajuste mas a su filosofía periodística en cuyo caso es muy probable que me cuente entre sus suscriptores.

Atentamente;

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domingo, marzo 09, 2008

LAS MANOS DEL PRESIDENTE CORREA SI ESTAN MANCHADAS DE SANGRE

Aunque mi intención al publicar esta bitácora fue siempre la de circunscribir los comentarios en la misma estrictamente a temas referidos a la realidad peruana, es claro que el nivel de interdependencia política, social y económica entre el Perú y los demás países de la región e inclusive del continente hace que a veces sea imposible omitir referirse a determinados temas de carácter internacional, que no son propiamente peruanos, pero que ciertamente tienen el potencial de afectar significativamente estas relaciones e inclusive la estabilidad política y económica del país.

Es por ello que en el ultimo escrito hice referencia a un articulo publicado por Moisés Naim sobre los denominados “Gongos”, organizaciones gubernamentales que fungen de “no gubernamentales” (ONG) para, abusando de la libertad que promueve y garantiza la democracia, atentar contra esas mismas democracias. Un tema que cada vez cobra más actualidad, sobretodo en Latinoamérica, donde empiezan a descubrirse sórdidas vinculaciones, coincidencias estratégicas y coordinaciones secretas entre algunos gobiernos, ciertas organizaciones no gubernamentales denominadas bolivarianas, el narcotráfico y el terrorismo.

El reciente conflicto diplomático entre Colombia y Ecuador a raíz del ataque a una base del grupo terrorista FARC en la frontera entre ambos países es otro tema que es imposible omitir y por lo tanto he decidido incluir en esta bitácora un articulo que sobre el particular he publicado recientemente en la bitácora “Chapeau Noir” donde escribo exclusivamente sobre temas de actualidad internacional y mas concretamente sobre temas referidos a la actualidad Latinoamericana
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Ecuador: Las manos del Presidente Correa si están manchadas de sangre

Quien ampara y esta en colusión con criminales también es un criminal.

Resulta notable, por decir lo menos, la posición asumida por el Presidente Correa del Ecuador con referencia a la incursión colombiana en su territorio para a atacar a un grupo criminal y terrorista como lo es la FARC.


Decimos notable porque si bien es cierto el derecho internacional protege la soberanía de los países y condena la invasión de los territorios nacionales por fuerzas armadas de países ajenos, también el derecho internacional establece responsabilidades que deben asumir los países para impedir que grupos armados y/o delincuenciales utilicen sus territorios como santuarios para llevar a cabo sus fechorías.

Es claro que en el caso de la intervención armada en la frontera ecuatoriana, Colombia violo los derechos y el territorio de Ecuador y más concretamente el Inciso (4), Artículo (2), Capitulo (I) de la Carta de las Naciones Unidas que a la letra dice:

“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.”

Es igualmente claro sin embargo que Ecuador incumplió con sus obligaciones y responsabilidades al consentir que la FARC utilice su territorio como santuario para desde allí planear, organizar y ejecutar actos terroristas y delincuenciales en contra del pueblo y Estado colombiano.

Concretamente, Ecuador incumplió con la Resolución 1269 aprobada por el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas el 19 de Octubre de 1999, la Resolución 1368 aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 12 de Setiembre del 2001 y particularmente, con la Resolución 1373 aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 28 de Setiembre del 2001.

No vamos a citar todo el texto de las resoluciones antes mencionadas que pueden ser leídas en su integridad siguiendo los enlaces incluidos líneas arriba, pero si consideramos conveniente destacar algunos párrafos específicos de la Resolución 1373 que establecen claramente las omisiones en las que ha incurrido Ecuador y que constituyen igualmente violaciones al derecho internacional.

“a) Se abstengan de proporcionar todo tipo de apoyo, activo o pasivo, a las entidades o personas que participen en la comisión de actos de terrorismo, en particular reprimiendo el reclutamiento de miembros de grupos terroristas y poniendo fin al abastecimiento de armas a los terroristas;

b) Adopten las medidas necesarias para prevenir la comisión de actos de terrorismo, en particular advirtiendo de ello cuanto antes a otros Estados mediante el intercambio de información;

c) Denieguen cobijo a quienes financian, planifican o cometen actos de terrorismo, o prestan apoyo a esos actos, o proporcionan cobijo con esos fines;

d) Impidan que quienes financian, planifican, facilitan o cometen actos de terrorismo utilicen su territorio para esos fines, contra otros Estados o sus ciudadanos;”


La Carta de Las Naciones Unidas en el Inciso (2), Artículo (2), Capitulo (I) establece:

“Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta.”

El Estado ecuatoriano ha suscrito la Carta de las Naciones Unidas y es miembro de dicha organización internacional. En consecuencia, esta obligado a cumplir y hacer cumplir las resoluciones emanadas tanto de la Asamblea Nacional como del Consejo de Seguridad de dicho organismo.

De tal forma, así como al amparo del derecho y convenios internacionales Ecuador tiene autoridad para exigir que se respeten sus derechos también tiene la obligación de cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. No hay derechos sin responsabilidades y el inciso 2, articulo 2 Capitulo I de la carta de las Naciones Unidas es absolutamente claro al respecto; solo tienen derechos quienes cumplen con sus obligaciones.

El Presidente Correa, a juzgar por sus declaraciones publicas, pretende sin embargo que se condene al gobierno de Colombia por violar su soberanía al amparo del derecho internacional pero que se omita e ignore su descarada indolencia para cumplir con las responsabilidades y obligaciones que tiene Ecuador de acuerdo al mismo derecho internacional y que constituyen en si una violación de estos derechos en perjuicio del Estado colombiano.

Este despropósito es totalmente absurdo ya que con ello se sancionaría el derecho de los países de albergar en sus territorios a terroristas, narcotraficantes delincuentes y/o facinerosos de todo tipo aunque estos atenten contra la seguridad y bienestar de la población y el Estado de otro país.

No puede pues exíjase a la comunidad internacional que condene la repudiable acción de Colombia sin que se condene igualmente al Ecuador por el repudiable incumplimiento de sus obligaciones.

Utilizando un dicho particularmente enjundioso del rico acerbo popular Latinoamericano diremos, generosamente, que con su discurso y actitud el Presidente Correa pretende “estar en la procesión y en la iglesia al mismo tiempo”.

No obstante la seriedad de lo acontecido, hasta aquí, lo comentado no pasa de ser simplemente la crónica de unas infelices declaraciones políticas y del incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades por parte de dos países Latinoamericanos que ponen de manifiesto la necesidad de que dichos países trabajen para estrechar la comunicación y colaboración mutua a fin de evitar que este tipo de incidentes se repitan en el futuro.

El problema es que, a esto, que dadas las circunstancias no pasa de ser una episódica discrepancia política y diplomática entre dos países fácilmente solucionable haciendo uso del simple sentido común, se suman ciertos hechos irrefutables, actitudes y omisiones que por su contundencia e implicancias despiertan serias sospechas y dudas hasta en el mas ingenuo de los observadores.

Por ejemplo, el Presidente Correa no ha dado una explicación coherente al hecho irrefutable de que en su territorio operaba impunemente un campamento de la fuerza terrorista denominada FARC no obstante que el gobierno colombiano había informado a este en repetidas ocasiones sobre la presencia del mismo. Tampoco ha dado una explicación al hecho de que dicho campamento, como se desprende de las fotografías recuperadas, era visitado regularmente como si se tratara de un popular destino turístico, por personas extranjeras provenientes de varios países Latinoamericanos, algunas de las cuales tenían conocidos y documentados vínculos a organizaciones extremistas o por lo menos violentas en sus propios países.

El Presidente Correa tampoco ha explicado como entre el 24 y 27 de Febrero del presente ano, tan solo unos días antes de la intervención Colombiana, su gobierno y mas concretamente la ciudad de Quito sirven de anfitriones al II Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana no obstante que resulta evidente la adherencia de esta organización a la causa narcoterrorista de la FARC y su vinculación con el terrorista Raúl Reyes. Simpatía y vinculación que reconoce y expresa públicamente la Coordinadora Continental Bolivariana en el comunicado del 12 de Noviembre del 2007 suscrito por la CCB Chile que dice; “Completo éxito resultó la intervención del Comandante Raúl Reyes en la Cumbre por la Amistad e Integración de los Pueblos de Ibero América” realizada en Chile.

Mas aun, durante el congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana realizado en Ecuador, el terrorista Raúl Reyes también se dirige a los 800 delegados asistentes a través de un video pregrabado en el que hace una apología de la causa criminal que sirve de excusa para las acciones terroristas y delincuenciales de esta organización.

Por ultimo, es absolutamente inexplicable que el Presidente Correa, en ningún momento desde que se produjo este lamentable episodio fronterizo, haya censurado o simplemente criticado ya sea directa o indirectamente la invasión del territorio Ecuatoriano por parte de los terroristas de la FARC.

Esta flagrante omisión sumada a la demencial reacción protagonizada por el Presidente Chávez de Venezuela, que trataremos en un artículo separado, contribuye a sembrar dudas y sospechas sobre las verdaderas intenciones del Presidente Correa.

Para el suscrito sin embargo, que no es un ingenuo, el comportamiento del Presidente Correa es perfectamente explicable con ese sabroso refrán popular que dice; “Si tiene pico de pato, patas de pato y cuaquea como pato; entonces es un pato”.

La única explicación para estos interrogantes es que el Presidente Correa es un inepto que esta dibujado en la pared y no sabe lo que pasa en su país o en su defecto, como me atrevo a sostener enfáticamente, que el Presidente Correa es cómplice en una estrategia vil y premeditada para desestabilizar al gobierno democrático de Colombia y más concretamente al Presidente Álvaro Uribe. Es igualmente cómplice del movimiento terrorista de la FARC y sus dirigentes a los que brinda respaldo y santuario en Ecuador. Por ultimo, ha demostrado ser una persona sin escrúpulos al utilizar vergonzosamente el sufrimiento y angustia de las inocentes victimas secuestradas por la FARC y sus familiares para disfrazar grotesca e impúdicamente sus acciones e intenciones con una mascarada humanitaria y pacifista.

Las manos del Sr. Correa ciertamente están manchadas de sangre; sangre y sufrimiento del pueblo Colombiano que estamos seguros no habrá de olvidar.

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lunes, noviembre 05, 2007

"GONGOS": CUANDO LOS LOBOS SE DISFRAZAN DE OVEJA

Con el advenimiento de la democracia en Latinoamérica han empezado a proliferar una serie de entes o entidades que aprovechan la libertad que la democracia promueve y propugna para sabotear, desestabilizar e inclusive destruir a esas mismas democracias.

En el articulo que a continuación transcribo, Moisés Naim , Editor de la prestigiosa revista Americana Foreign Policy , explica en forma realmente elocuente y transparente – ¿Que es un Gongo? – y como algunos de estos son en realidad “Lobos disfrazados de oveja”.

En su artículo, Moisés Naim explica igualmente la urgente necesidad que tiene la comunidad internacional de contar con algún sistema basado en información absolutamente transparente que permita separar el trigo de la paja cuando de “gongos” se trate.

Los dejo pues con este interesante articulo que ciertamente tiene gran actualidad y que fuera publicado en la edición Mayo/Junio de Foreign Policy.



¿QUE ES UN GONGO?

Por Moisés Naim
Mayo/ Junio 2007


Como ciertos grupos auspiciados por los gobiernos se disfrazan de organizaciones civiles.

La Federación para Asuntos de la Mujer de Myanmar - Birmania - es un “gongo”. También lo es “Nashi”, un grupo de juventudes Ruso, y la Organización de Derechos Humanos Sudanés. La Organización de Ayuda Internacional Islámica de Arabia Saudita es igualmente un “gongo” como lo es también “Chongryon”, La Asociación de Residentes Coreanos en Japón.
Los “gongos” están en todas partes; en China, Cuba, Francia, Túnez e inclusive en los Estados Unidos.

“Gongos”, en Ingles, es un termino para referirse a las Organizaciones Gubernamentales, No Gubernamentales (OGNGs). Detrás de esta contradicción que mas parece un trabalenguas, se encuentra una importante y creciente tendencia global que requiere de un mayor escrutinio; el financiamiento y control gubernamental, muchas veces en forma camuflada, de las llamadas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).

Algunos “gongos” son benignos y otros inclusive irrelevantes, pero muchos, incluyendo los arriba mencionados, son peligrosos. Algunos actúan como órganos abusivos de gobiernos represivos. Otros usan el sistema democrático para destruir la democracia en sus países.

En el exterior, los “gongos” de regímenes represivos cabildean en las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales, a menudo haciéndose pasar por representantes de grupos de ciudadanos que persiguen fines altruistas, cuando, en realidad, son agentes del gobierno que los financia. Algunos gobiernos penetran a través de “gongos” al interior mismo de las sociedades en otros países para usarlos en la promoción de sus propios intereses en el exterior.

Ese es, por ejemplo, el caso de “Chongryon”, un vasto grupo de asociaciones civiles incondicionales al gobierno de Corea del Norte que es muy activo en Japón. Es mas, esta organización es de hecho el representante no oficial del régimen Norcoreano en dicho país.

Las autoridades Japonesas han acusado a una serie de las asociaciones que lo componen de contrabando de tecnología militar, trafico de productos farmacéuticos y de transferir subrepticiamente cientos de millones de dólares fuera del país así como de orquestar una masiva campana propagandística en favor de Pyongyang.

Durante décadas grupos de “asociaciones civiles” basados en una serie de países han defendido en forma estridente el historial de Cuba en materia de derechos humanos ante las Naciones Unidas y logrado suavizar las resoluciones de esta institución sobre casos, ampliamente documentados, de violación a los derechos humanos en dicho país.

Los Círculos Bolivarianos, conformados por grupos de ciudadanos que apoyan al Presidente de Venezuela Hugo Chávez, están apareciendo por todas partes en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Por supuesto, no hay que ser un adivino para imaginar como se financian estos grupos.

Irán, Arabia Saudita y otros gobiernos ricos en el Medio Oriente también son conocidos por su generosidad y, muchas veces, por ser benefactores exclusivos de algunas ONGs que promueven su agenda religiosa en el mundo.

Pero los “gongos” más peligrosos no son los internacionales sino más bien aquellos de origen nativo o domestico. Estos “gongos” se han convertido en la herramienta preferida y predilecta de los gobiernos no democráticos para manejar su política interna bajo la apariencia de ser democráticos.

En muchos países de lo que fue la Unión de Republicas Socialistas Sovieticas (URSS) organizaciones no gubernamentales (ONGs) auspiciadas por el gobierno están asfixiando y empantanando los reclamos e inquietudes de la sociedad civil legitima.

En Kirgizstan por ejemplo, la Asociación de Organizaciones No Comerciales y No Gubernamentales fue un entusiasta promotor del Presidente Askar Akayev, quien ya no ocupa el cargo. En el ano 2004 esta organización promovió una petición a nivel nacional solicitando a dicho Presidente, que detentaba el poder desde el ano 1991, para que volviera a ser candidato a la presidencia.

De la misma manera, la Federación para Asuntos de la Mujer de Myanmar - Birmania, se caracteriza por ser el más duro crítico de Aung San Suu Kyi, ganadora del Premio Nóbel de la Paz y líder de la oposición que ha pasado la mayoría de los últimos 18 anos bajo arresto domiciliario. La Federación es dirigida y manejada por las esposas de los principales generales que componen la junta militar de dicho país.

Los gobiernos democráticos también tienen sus propios “gongos”. El “Fondo para la Democracia” (“National Endowment for Democracy”) NED es una organización privada creada en 1983 para fortalecer, a través de la promoción de iniciativas no gubernamentales, las instituciones democráticas alrededor del mundo. Es un “gongo” financiado por el gobierno de los Estados Unidos y, por ello, en una serie de países recibir dinero del NED es considerado un delito.

El gobierno del Presidente Vladimir Putin ha denunciado que el financiamiento extranjero de iniciativas de reforma política que realizan grupos como el NED son subversivas y atentan contra Rusia. Un diario Chino ha calificado el financiamiento de la promoción de la democracia que realiza Estados Unidos como “interesado, coercitivo e inmoral”.

En aras de la transparencia, considero importante mencionar que yo soy miembro del Directorio del NED. Yo, por lo tanto, no estoy de acuerdo con la apreciación en el sentido de que las actividades del NED son delictivas, inmorales o que la organización es un instrumento de la Casa Blanca. Sus programas, decisiones, fuentes de ingresos y gastos son absolutamente transparentes y sus Directores, que sirven en condición ad-honoren, son totalmente independientes. Pero; ¿porque me van a creer a mi?

Lo ideal seria que existiera una fuente independiente y creíble que ayude a decidir si el NED u otros “gongos” respaldados, digamos, por los gobiernos de Canadá u Holanda pertenecen a la misma categoría que “Chogryon” o “Nashi”.

El mundo necesita un sistema que permita calificar a las ONGs y brinde a la sociedad civil el mismo servicio que las calificadoras de riesgo independientes brindan al sistema financiero internacional. Las calificadoras de riesgo juegan un papel indispensable facilitando los prestamos y créditos que en forma masiva se realizan todos los días al proveer a los inversionistas información confiable sobre la situación financiera de las empresas, agencias gubernamentales e individuos.

La evaluación independiente y fiable de los sujetos de crédito permite que las grandes transacciones se realicen en forma más rápida y económica. Al final, la decisión depende de cada prestamista individual pero las transacciones en el mercado se realizan bajo condiciones de total transparencia que impiden que una empresa que tiene un historial de cumplir con sus pagos oportuna y cabalmente vaya a ser confundida con otra que paga a sus deudores solo bajo mandato judicial.

Un sistema similar de instituciones podría proveer información precisa sobre quienes son los que financian, el grado de independencia, los objetivos y la trayectoria de las diferentes ONGs. La globalización y la efectividad de las ONGs podría sufrir significativamente si no se encuentran formulas viables y fiables para distinguir a las organizaciones que representan realmente a las sociedades civiles y democráticas de las que son instrumentos de gobiernos incivilizados y no democráticos. Estas instituciones a su vez ayudarían a los donantes y a los ciudadanos a decidir en que y en quien confiar. Por supuesto, también haría más difícil el accionar de los “gongos” que tienen malas intenciones.


Derechos reservados Foreign Policy

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jueves, febrero 15, 2007

FUERZAS ARMADAS O MANSOS ARMADOS

Lo que se ha hecho con las fuerzas armadas del Perú en los últimos 30 anos es, por decirlo de la manera menos ofensiva, una total y absoluta barbaridad.

Una barbaridad de la que todos somos culpables, en mayor o menor medida, ya sea por ignorancia, mansedumbre, ingenuidad, estupidez, temor, conveniencia o simplemente por desinterés.

Una barbaridad que lamentablemente ha sido ignorada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú al orientar convenientemente su investigación sobre los excesos cometidos durante la lucha contra el terrorismo de forma de avalar y sustentar su propia actuación y constituirse así en una especie de tribunal moral independiente.

Un esfuerzo orientado a descubrir lo singular y lo especifico para esconder la responsabilidad que todos los peruanos, incluidos los miembros de la Comisión de Verdad, tenemos por lo acontecido en el Perú al haber desnaturalizado la misión y objeto de nuestras fuerzas armadas.

Por supuesto, cuando se pierde la brújula como se ha perdido en el Perú, siempre hay quienes están listos y dispuestos a sacar provecho de la situación.

Gobernantes interesados en utilizar a las fuerzas armadas para consolidar y garantizar su poder, militares corruptos que traicionan a su institución y al país en el afán de enriquecerse, empresarios que desean una fuerza armada que proteja sus privilegios, obsesos con toda clase de ideologías extremistas que desean sustituirse y/o asimilar a las fuerzas armadas para imponer su pensamiento, caudillos que propugnan democratizar a las fuerzas armadas fusionándolas con el pueblo con el propósito escondido de ejercer control sobre el mismo y, por supuesto, ignorantes, ingenuos y pusilánimes que desean unas fuerzas armadas dociles que no vulneren la fantasía de una sociedad culta y respetuosa de los derechos de todos.

El Perú, hoy mas que nunca, necesita acabar con las marchas y contra marchas conceptuales que han destruido la moral de nuestras fuerzas armadas, lesionado injustamente la imagen de las mismas ante el pueblo Peruano, prostituido el código de honor que es la esencia de su orgullo y convertido a las mismas en poco mas que un mal necesario a los ojos de la ciudadanía.

Para ello hay que empezar por definir clara y meridianamente el objeto, la misión y los alcances de su gestión pero sobretodo destacar la crítica importancia de su aporte para la integridad y bienestar del país.

Empezaremos por indicar que los miembros de las fuerzas armadas son los guerreros de un país. No son mano de obra barata, promotores y/o defensores de la democracia, guardianes de la nacionalidad, protectores de los derechos ciudadanos, ejemplo de civilidad, fuerzas comprometidas con el desarrollo, guardianes de la seguridad interna, ni ninguna de esas pseudo-definiciones al amparo de las cuales se ha venido desnaturalizando su misión con el objeto de convertirlas en unas fuerzas armadas cuya principal característica sea la mansedumbre.

Las fuerzas armadas del Perú y para el caso, las de todos los países, están constituidas simple y exclusivamente por los guerreros de dichos países. Guerreros que han jurado dar su vida para defender nuestra libertad, bienestar e integridad territorial. Son hombres y mujeres muy peligrosos que han sido entrenados para ello y que, como en el vals de Chabuca Granda, tienen por convicción “Vivir venciendo o morir matando”. Hombres y mujeres con reglas de confrontación claras y rígidas donde no hay cabida para dudas o murmuraciones y donde la única alternativa aceptable es vencer.

Dada su condición de guerreros de la patria, nuestros soldados no tienen porque distinguir entre buenos, malos, ricos, pobres, blancos, cholos, honestos, delincuentes, narcos, terrucos etc. No corresponde a ellos distinguir entre peruanos. Ellos han jurado dar la vida por todos los peruanos sin distinción. Por los buenos, los malos y los regulares. Por los que son santos y por los pecadores. Por todos los Peruanos.

De tal forma, cuando encargamos a nuestros soldados la seguridad interna del país, luchar contra el narcotráfico y/o luchar contra el terrorismo estamos enviándolos a cumplir tareas que están en abierta contradicción con el juramento y compromiso que han adquirido con el pueblo peruano.

Estamos desnaturalizando la esencia misma de su existencia y profanando el heroico compromiso que con absoluto desprendimiento han asumido con todos los peruanos. Estamos, en esencia, introduciendo una condición valorativa en el ejercicio de ese compromiso.

Estamos diciéndoles a nuestros soldados que el Perú se divide en peruanos buenos y peruanos malos y que los peruanos malos son aquellos que determine quien en ese momento detente el poder. Que su misión no es proteger a todos los peruanos sino solamente a los peruanos buenos y más aun, que es su responsabilidad destruir a los peruanos malos.

Una concepción contradictoria y absurda que atenta directamente contra el objeto y naturaleza de las fuerzas armadas así como la esencia misma de su formación y entrenamiento.

Aunque el Perú es signatario de la Convención de Viena y por tanto esta obligado a que sus fuerzas armadas respeten los lineamientos de dicho convenio internacional la primera misión de nuestros soldados es “vencer”. Esto es lo que les hemos inculcado y esto es lo que esperamos de ellos.

La guerra es por definición un acto de barbarie y no hay premio al segundo lugar o al “Fair play”. No hay honor en la derrota y esta es una lección que nos ha costado muchas vidas y sangre aprender. Nuestros soldados son concientes de ello y por tanto entienden que su misión principal es ganar y, en la medida de lo posible, hacerlo sin vulnerar los dispuesto por la Convención de Viena.

De tal forma, por su misión, entrenamiento, equipamiento, convicción y compromiso con el pueblo Peruano el ámbito de acción de las fuerzas armadas siempre debió ser y, debería ser en el futuro, única y exclusivamente el frente externo.

Corresponde a las fuerzas armadas la protección del país contra toda amenaza externa y por tanto, salvo en casos muy extremos que comentaremos mas adelante, los soldados Peruanos no debieron ni deberán jamás empuñar sus armas contra otros peruanos.

Este es un principio fundamental y la base en la que debe sustentarse el justo orgullo y el honor de nuestros soldados así como el permanente respeto, admiración y agradecimiento que como ciudadanos debemos tener hacia ellos.

Este principio fundamental es igualmente el que debió ser invocado para proteger y evitar que nuestras fuerzas armadas sean expuestas a los previsibles riesgos y consecuencias derivadas del uso de una fuerza letal para combatir elementos subversivos internos que por definición son anónimos.

Este principio fundamental es el que debió proteger y evitar exponer a nuestras fuerzas armadas a la desintegración institucional y corrupción que fomenta y utiliza como arma el narcotráfico.

Principio fundamental por lo demás, que solo debe ser violado en situaciones realmente extremas tales como:

1) Guerra civil interna que constituya una amenaza inminente a la integridad misma del país siempre que la misma sea declarada por el Presidente de la Republica y refrendada por el Congreso de la Republica en un plazo determinado. Esto no incluye los tradicionales estados de emergencia de los que la Presidencia de la Republica ha hecho uso y abuso cada vez que hay un conflicto social en el país, ni tampoco los casos de insurrección armada focalizada.

2) Situación de emergencia nacional producto de desastres naturales u otros fenómenos que pongan en riesgo la estabilidad misma del país o que trasciendan la capacidad de control de las fuerzas policiales y/o fuerzas especiales encargadas de la seguridad interna.

Haber utilizado a nuestras fuerzas armadas para combatir el terrorismo y el narcotráfico fue una barbaridad de la que todos somos culpables. Que es lo que esperábamos. Si se usa un canon para matar a una mosca es absolutamente previsible que los danos colaterales serán gigantescos. Esa es la responsabilidad que todos los peruanos, a nivel sociedad, debemos asumir para que pueda existir reconciliación en el Perú.

Es cierto que en la guerra contra el terrorismo se cometieron abusos y se perpetuaron actos atroces por ambas partes. Es igualmente claro que dichos actos no deben quedar impunes. Sin embargo, es también cierto que todos los peruanos, como sociedad, somos culpables de haber encargado a nuestros soldados la destrucción del terrorismo sin definir reglas de confrontación claras y sin entrenar a los mismos en los métodos y procedimientos a utilizarse en la aplicación de dichas reglas.

En su momento, lo que la sociedad quiso fue enfrentar al terrorismo con una fuerza letal equivalente para infligir en estos el mismo daño que ellos estaban infligiendo a la sociedad.

Resulta pues cómodo e hipócrita que una vez derrotado el terrorismo se pretenda convertir a las fuerzas armadas, cuyo entrenamiento y misión es precisamente incapacitar y destruir al enemigo, en chivos expiatorios de lo que fue una desdichada decisión política amparada y avalada en el clamor popular.

La reconciliación que promueve la Comisión de la Verdad no puede pues basarse en la cobarde iniciativa de señalar y culpar a las fuerzas armadas por lo que claramente fue nuestra responsabilidad.

Nosotros, todos lo peruanos, como sociedad, somos los principales responsables de lo que sucedió en el Perú y solamente asumiendo esa responsabilidad y mas importante aun, tomando acciones claras y concretas para impedir que se vuelva a repetir esa barbaridad en el futuro, vamos a poder alcanzar una reconciliación autentica y permanente.

En lo que se refiere al narcotráfico, no hay que ser un genio para darse cuenta que era absolutamente previsible que esa lacra eventualmente terminaría por corromper a esta institución como lo ha hecho con todas las demás instituciones que han sido expuestas al mismo.

Hoy día nos sorprendemos de la falta de operatividad de nuestras fuerzas armadas para garantizar la seguridad en el frente externo cuando durante décadas hemos tenido a nuestros militares entrampados en conflictos internos que no son y nunca debieron ser de su competencia.

Por supuesto que hay ingenuos, por decirlo de una forma delicada, que en la comodidad de los tiempos de paz tienden a cuestionar el gasto militar y la conveniencia de contar con fuerzas armadas encargadas solamente de la defensa del frente externo aduciendo que esto es innecesario e inclusive un gasto inútil porque ya no hay guerras.

Decimos ingenuos porque si hay algo que la historia del mundo ha probado con absoluta certidumbre es que, en la vida real, los países así como las sociedades e individuos solo cuentan con aquellos derechos que pueden defender.

La ingenuidad de estos argumentos es conmovedora a luz de los múltiples conflictos armados de carácter unilateral que, al amparo de principios de autodefensa preventiva y argumentando amenazas acomodaticias, se vienen multiplicando en el mundo.

A estas obvias consideraciones debemos sumar otros argumentos sólidos y realistas que aconsejan la adopción urgente de una clara política de defensa externa. Argumentos como la inhabilidad de los organismos internacionales para conjurar conflictos como no sea después que una de las partes ha conquistado una significativa ventaja estratégica; la cercanía al punto “pico” en la curva de producción de los recursos energéticos mundiales y las consecuencias que ello podría determinar para la economía mundial; los violentos cambios climatológicos en el mundo que pueden desestabilizar la producción de alimentos; el riesgo de epidemias mundiales y por supuesto las cada vez mas devastadoras desgracias naturales debido al crecimiento de las poblaciones urbanas.

En todos estos casos la subsistencia de sociedades enteras estará en juego y en esas condiciones el principio de sobre vivencia del mas fuerte avasallara al de la convivencia pacifica.

Por si esto fuera poco, a lo anterior debemos sumar otros potenciales riesgos de carácter interno, regional y/o sub-regional que podrían vulnerar la estabilidad del país y que de acuerdo a la experiencia siguen siendo la principal fuente de inseguridad en la región.

Las fuerzas armadas son percibidas como innecesarias hasta el día que resultan indispensables. Cuando llega ese momento ya es muy tarde para hacer nada al respecto y solo queda lamentarse. Los peruanos más que nadie deberíamos haber aprendido esa lección hace mucho tiempo.

Resulta pues claro que el Perú debe estructurar sus fuerzas armadas para que las mismas sean una fuerza disuasiva adecuada, moderna y muy profesional dedicada exclusivamente a la defensa del frente externo.

Resulta igualmente claro que es necesario implementar un sistema de seguridad interna. Este sistema sin embargo deberá estar de acuerdo con el imperativo de descentralizar el país y por tanto deberá contemplar fuerzas del orden a nivel municipal y regional así como fuerzas especiales entrenadas especialmente para combatir amenazas específicas como son el terrorismo y el narcotráfico.

Paralelamente se deberá implementarse una estructura de investigaciones y servicios de inteligencia interna y externa que operen en armonía y que colaboren entre ellos.

Algunas de estas fuerzas deberán contar con personal a tiempo completo y personal ocasional de carácter militarizado. En la composición de estas fuerzas pueden jugar un rol preponderante, sujeto a entrenamiento previo, los elementos de la reserva activa y territorial de las fuerzas armadas. De esta forma se brindaría a los reservistas la oportunidad de seguir sirviendo al país y de percibir ingresos por ello.

SI YO FUERA PRESIDENTE, convocaría a una comisión de alto nivel integrada por expertos (militares, policiales y civiles) para que en un término perentorio definan una nueva doctrina, estrategia e infraestructura de seguridad externa e interna bajo los siguientes lineamientos:

Fuerzas Armadas: La defensa de la soberanía e integridad territorial, el bienestar de los peruanos y los intereses estratégicos del Perú así como la seguridad de los ciudadanos peruanos en el exterior deberá ser encargada a las fuerzas armadas, Ejercito, Marina y Aviación constituyendo este su único y exclusivo ámbito de operación. Para tal efecto se deberá:

1) Definir claramente el objetivo, misión y alcances de una nueva doctrina y estrategia de defensa externa basada en el principio de disuasión para proteger la paz, apoyo a la política exterior del Perú y su compromiso con la seguridad, estabilidad e integración regional.

2) Deberá definirse claramente los casos excepcionales y los procedimientos políticos a seguirse para la intervención interna de las fuerzas armadas. Deberá igualmente definirse claramente los alcances y limites del apoyo logístico y de entrenamiento que brindaran las fuerzas armadas a las fuerzas encargadas de la seguridad interna del país.

3) Deberá adecuarse a las fuerzas armadas tanto cualitativamente como cuantitativamente al objetivo, misión y estrategia de la nueva doctrina.

4) Deberá incorporarse tecnologías, equipamiento, sistemas y procedimientos de última generación para el entrenamiento y mantenimiento de una adecuada y eficiente fuerza militar con capacidad de movilización rápida según lo exijan las circunstancias.

5) Deberán desarrollarse capacidades de combate, proyección, integración, protección, movilidad, precisión, sostenimiento y polivalencia de las que carecen en buena medida nuestras fuerzas armadas en estos momentos.

6) Deberá integrarse todos los elementos de combate y apoyo formando una red de comunicación e información que les permita actuar como un todo. Esto exigirá igualmente el desarrollo de capacidades de planificación y mando conjunto que articulen todas las capacidades disponibles.

7) Deberá adoptarse una formula de financiamiento que garantice los fondos necesarios a corto, mediano y largo plazo para que las fuerzas armadas puedan alcanzar los objetivos propuestos.

8) Deberá externalizarse gradualmente el sostenimiento del equipo y sistemas de las tres armas. Hoy las fuerzas armadas emplean un gran esfuerzo de personal e infraestructura en los centros de mantenimiento de las tres armas. El objetivo deberá ser transferir esa responsabilidad al sector privado, de forma de fomentar una industria de defensa básica que se encargue de proporcionar apoyo integral a los sistemas de defensa durante todo el período de vida operativa. Las fuerzas armadas se limitarían así a realizar aquellas tareas de mantenimiento básico que realizan las propias unidades de combate.

La transformación de nuestras fuerzas armadas debe ser simultánea al desarrollo y potenciación de una base industrial básica de defensa. Una industria de defensa dinámica y capaz no es sólo un requisito esencial para garantizar una mínima autonomía estratégica, sino que puede ser además un sector que contribuya al crecimiento económico, la generación de empleo, la mejora de las exportaciones y, de forma aún más determinante, al desarrollo y la innovación tecnológica en el Perú.

La modernización conceptual y física de nuestras fuerzas armadas es una tarea de mediano plazo que va a requerir de consenso entre todas las fuerzas políticas nacionales para que el proceso no se desvié ni se trunque. Va a requerir igualmente de una constante campana de comunicación que destaque la importancia y necesidad de contar con unas fuerzas armadas modernas y eficientes que garanticen la estabilidad necesaria para lograr desarrollarnos económicamente.

El Perú posee una ubicación estratégica privilegiada en Sudamérica y aunque esto representa una ventaja geopolítica a nivel desarrollo económico también plantea exigencias complejas y complicadas a nivel seguridad. Exigencias que van crecer en lugar de disminuir en forma directamente proporcional al éxito que se alcance en los procesos de integración e interconexión binacionales y regionales. Para que exista integración y desarrollo económico es fundamental que exista estabilidad y esta condición solo puede ser garantizada con una estructura y estrategia de seguridad efectiva y eficiente.

Liberar a nuestras fuerzas armadas de las tareas de la defensa interna y potenciar a las mismas para garantizar la seguridad externa es un imperativo si deseamos contar con una base sólida sobre la cual construir un desarrollo económico y social sostenido.

Fuerzas Territoriales de Seguridad Interna: La defensa interna del país deberá encargarse a una fuerza territorial de seguridad interna descentralizada distribuyendo así esta responsabilidad entre las regiones de acuerdo a los siguientes lineamientos:

1) La misión de las fuerzas territoriales de seguridad interna será la de garantizar la seguridad y el orden así como proveer asistencia y/o socorro en el caso de desastres naturales. En el caso de inestabilidad civil y/o disturbios que sobrepasen la capacidad de control de las fuerzas policiales, el presidente regional, a solicitud de los alcaldes provinciales y/o distritales, podrá disponer la movilización de las fuerzas territoriales de seguridad interna hacia los lugares de conflicto.

2) Las fuerzas territoriales de seguridad interna estarán compuestas por la reserva activa de las fuerzas armadas y reclutas registrados en cada región. Estarán al mando de un Oficial Superior en actividad de las fuerzas armadas quien será responsable del entrenamiento y disponibilidad de las fuerzas territoriales en cada región así como del equipamiento a su cargo. Este Oficial Superior reportara funcionalmente al Oficial Superior de su arma en la Dirección Nacional de Fuerzas Territoriales y jerárquicamente al presidente de la región.

3) El presidente de cada región será el comandante supremo de las fuerzas territoriales de seguridad interna basadas en su región y, previa declaración de un estado de emergencia y/o a solicitud de los alcaldes provinciales, podrá movilizar a las mismas dentro de su región según las circunstancias y de acuerdo a lo estipulado por las leyes.

4) Los presidentes regionales no tendrán la potestad de movilizar las fuerzas bajo su mando a otras regiones.

5) La planificación estratégica y el entrenamiento de las fuerzas territoriales de seguridad nacional así como el asesoramiento a las regiones en la administración presupuestal y financiamiento de los gastos operativos y de equipamiento de las mismas se realizara a través de una Dirección Nacional de Fuerzas Territoriales dependiente del Ministerio de Defensa. Esta unidad de mando estará a cargo de un Oficial General e integrada por Oficiales Superiores de cada una de las armas, responsables del programa de entrenamiento de las fuerzas territoriales de seguridad interna de cada arma y un Oficial Superior encargado de la coordinación con los presidentes regionales y la autoridad militar a cargo de las fuerzas en cada región.

6) A requerimiento del Presidente de la Republica, las fuerzas territoriales de seguridad interna podrán ser llamadas para servir bajo el mando de la Dirección Nacional de Fuerzas Territoriales y movilizarse a nivel interno para apoyar las fuerzas de otra región y/o incorporarse a las fuerzas armadas regulares en el caso de conflicto armado externo.

7) El entrenamiento de las fuerzas territoriales de seguridad interna será militarizado y estará a cargo de las fuerzas armadas. Cada miembro de las fuerzas territoriales estará obligado a seguir una serie de cursos de preparación teóricos, ambulatorios, así como servir como mínimo un fin de semana por mes y atender ejercicios de entrenamiento de dos semanas cada ano. Esto, adicionalmente a la obligación de servir a tiempo completo en el caso de movilizaciones regionales para atender emergencias y/o disturbios que sean dispuestas por el presidente de la región. Los empleadores estarán obligados a dar licencia con goce de haber a los miembros de las fuerzas territoriales de seguridad interna.

8) Los reclutas regionales que no hubieran servido en unidades de las fuerzas armadas regulares deberán adicionalmente realizar un entrenamiento inicial básico en una de las tres armas.

9) Las fuerzas territoriales de seguridad estarán basadas en cada una de las regiones y constituidas por brigadas mixtas (fuerzas de combate, apoyo y servicio). En conjunto (nivel nacional) las fuerzas territoriales de seguridad estarán dimensionadas para corresponder a un número de brigadas, divisiones y fuerzas especiales pre-establecido que puedan integrarse, de requerirlo el Presidente de la Republica, rápidamente y en forma transparente a unidades regulares de las fuerzas armadas.

Esta estructura permitirá alcanzar una serie de objetivos. Garantizar una respuesta eficaz y rápida en casos de emergencia regional; brindar a las regiones la tranquilidad y estabilidad de un sistema de seguridad interno; contar con una estructura y sistema que aproveche el entrenamiento profesional de los reservistas de nuestras fuerzas armadas y que mantenga a estos actualizados y preparados permanentemente; ofrecer a los reservistas y a los reclutas regionales la posibilidad de servir al país y obtener ingresos complementarios así como beneficios especiales al hacerlo; mantener una fuerza territorial preparada que pueda asimilarse de inmediato y en forma transparente a las fuerzas armadas para potenciar su capacidad de respuesta en el eventual caso de un conflicto externo; garantizar una milicia preparada a nivel nacional capaz de constituirse en la ultima línea de defensa del territorio nacional; constituirse en una fuerza que a través del gasto contribuirá al bienestar económico de las regiones.

Fuerzas Policiales: Es preciso reivindicar el papel de las fuerzas policiales como una fuerza dedicada a servir y proteger a los ciudadanos. Es igualmente necesario reivindicar la profesión de policía dando a esta la jerarquía que se merece y convirtiéndola en una profesión liberal.

Se supone que los policías son los amigos de los vecinos. Los que garantizan su tranquilidad y cuidan su seguridad. Sin embargo, la estructura macrocefalica de la policía actual, la ampliación de los alcances de su misión y ámbito de acción han atomizado a tal punto sus recursos económicos que la misma ha virtualmente desaparecido de los vecindarios y ya no es percibida como una fuerza de seguridad vecinal sino como otra fuerza militarizada. Ello sin mencionar los salarios inadecuados, la corrupción y el paupérrimo estado de su equipamiento.

Hay que rescatar a la policía y regresar la misma al ámbito y función que le corresponde; esto es, a los vecindarios y al ámbito municipal. Para ello deberá definirse la misión y ámbito de acción de la misma de acuerdo a los siguientes lineamientos.

1) Deberá profesionalizarse la carrera policial encargando a las regiones y/o municipios provinciales la implementación de academias de policía especializadas en todo el Perú unificando el currículo, entrenamiento y títulos profesionales que otorguen estas.

2) Deberá organizarse a las fuerzas policiales como unidades independientes a nivel municipal y bajo la autoridad de un jefe de policía dependiente del alcalde en cada distrito.

3) Deberá elaborarse la normatividad legal que sustente la autoridad policial así como la jurisdicción, relación, interacción, y colaboración entre las unidades policiales de cada distrito y provincia.

4) Deberá crearse una oficina a nivel nacional que convalide los títulos obtenidos en las diferentes escuelas policiales a fin de permitir que estos puedan desempeñarse en cualquier región. Dicha oficina deberá igualmente homologar los grados y servir como base de datos central para consultar el historial profesional de cada policía y para publicar las vacantes en cada municipio así como para que los graduados puedan aplicar a dichas vacantes.

5) La carrera policial deberá contemplar la investigación forense, investigación criminal, seguridad ciudadana y fuerzas especiales.

6) A nivel organización las especialidades de investigación criminal y seguridad ciudadana serian asumidas por cada uno de los distritos consolidando las de investigación forense y fuerzas especiales a nivel municipio provincial.

7) Deberá igualmente instituirse la posición de comisario electo y alguaciles dependientes del alcalde para el caso de pequeños pueblos rurales.

Fuerza Especial Anti-Terrorista: La lucha contra el terrorismo deberá encargarse a una fuerza especialmente preparada y entrenada para tal fin. Dicha fuerza deberá estar constituida por fuerzas de combate con entrenamiento militarizado, una unidad de inteligencia, una unidad de investigación y una unidad de comando así como unidades de apoyo (comunicaciones, material y equipamiento, transporte, etc.).

La fuerza especial anti-terrorista recibiría entrenamiento especializado y contaría con reglas de confrontación específicas diseñadas de acuerdo a las características propias de la lucha anti-subversiva.

Las fuerzas especiales anti-terroristas estarían bajo el mando de un civil y serian dependientes del Ministerio de Defensa.

Las unidades de combate de esta fuerza se constituirían a partir de las unidades especiales de la fuerza policial actual y el entrenamiento de las mismas, mas no el comando, seria encargado a las fuerzas militares.

Las fuerzas especiales anti-terroristas contarían con equipamiento (armamento, transporte y táctico) propio pudiendo eventualmente solicitar apoyo logístico tanto a las fuerzas territoriales de seguridad interna como a las fuerzas armadas.

Las unidades de combate de las fuerzas especiales anti-terroristas serian organizadas y equipadas para poder ser desplazadas en forma muy rápida.

Fuerza Anti-Narcóticos: La lucha contra el narcotráfico ha dejado de ser una lucha interna y se ha convertido en una lucha en el ámbito internacional. El narcotráfico es por naturaleza internacional y por tanto resulta inadecuado enfrentar al mismo únicamente a nivel interno.

La fuerza que enfrente esta lacra deberá adecuarse a las características de la misma a partir de los siguientes lineamientos.

1) El Perú deberá coordinar y concertar con los gobiernos de Colombia y México para crear una fuerza de lucha contra el narcotráfico de carácter multinacional con poderes y jurisdicción para poder actuar en los tres países. Eventualmente podrá invitarse a Ecuador y a Bolivia para que integren dicha fuerza.

2) Deberá crearse un tribunal multinacional supra-nacional para la administración de justicia en los casos de narco-trafico con potestad para suscribir acuerdos de extradición con terceros países.

3) Deberá adecuarse la normatividad legal interna de los tres países para facilitar el traslado expeditivo de los acusados de narcotráfico a la jurisdicción de la corte supra-nacional.

4) Deberá definirse claramente el ámbito de acción y alcances de la fuerza anti-narcóticos limitando la misión de esta a la lucha contra la transformación (laboratorios), transporte (droga y materia prima para la transformación) y comercialización de estupefacientes así como el lavado de dinero proveniente del narcotráfico más no así a la erradicación de cultivos.

5) La fuerza multinacional anti-narcóticos contara con una unidad de comando así como con unidades de inteligencia, investigación e interdicción con equipamiento propio.

Por supuesto que siempre habrá quienes antes de siquiera meditar creativamente sobre como implementar esta nueva estrategia de seguridad externa e interna preguntaran quien va a pagar por esto.

La respuesta a esta pregunta es obvia; esto lo va a pagar el pueblo peruano como ha pagado siempre. Esta vez sin embargo, pagara por unas fuerzas de seguridad interna y externa efectivas, de tamaño y equipamiento adecuado estructuradas para cumplir con misiones claras.

No pagara, como antaño, por fuerzas macro cefálicas centralizadas y organizadas para proteger privilegios y/o intereses políticos individuales. No pagara, como antaño, por fuerzas de seguridad percibidas como una amenaza en lugar de una seguridad para la ciudadanía. No pagara, como antaño, por fuerzas concebidas para ejercer poder sobre la ciudadanía en lugar de estar al servicio de la misma.

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martes, enero 30, 2007

CORTE INTERAMERICANA VIOLA DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERUANOS

El reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Peruano por los sucesos del penal Castro Castro durante el gobierno del Ing. Alberto Fujimori, plantea algunas consideraciones de hecho y derecho que resulta imperativo comentar.

En este caso sin embargo, no puedo incluir comentarios sobre lo que haría SI YO FUERA PRESIDENTE porque el Presidente Alan García esta haciendo exactamente lo que yo hubiera hecho. Esto es, ratificar indubitablemente el compromiso del Estado Peruano de mantenerse bajo la jurisdicción de la corte, presentar un recurso de interpretación, consultar con los jurisconsultos Peruanos de todas las tendencias las opciones que tenemos y de ser necesario, someter a consulta popular, mediante plebiscito, la acción final que se decida tomar.

Lo importante en este caso no es lo que haría yo si fuera presidente sino lo que debemos hacer todos como ciudadanos Peruanos.


Contrariamente a lo que muchos suponen, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha encontrado responsable e impuesto sanciones al Estado Peruano y no al Gobierno de la época. Esto es fundamental ya que hay una diferencia sustantiva entre ambos. Diferencia que por lo demás podría inclusive invalidar el fallo ya que el mismo atentaría y violaría los derechos fundamentales de la mayoría de peruanos.

No vamos a discutir los meritos legales de la querella judicial ni mucho menos defender y/o justificar la ejecución extra-judicial de personas, sean estas terroristas o no, ya que ello, sin lugar a dudas, es un acto de barbarie.

Lo que no podemos aceptar sin embargo es que la corte halle culpables e imponga sanciones a todos los peruanos por actos cometidos por personas individuales que, en su momento, tuvieron la infeliz audacia de abusar del poder.

El Estado Peruano lo conforma el territorio y todos los ciudadanos Peruanos. Es un ente absoluto y permanente independiente del Gobierno. Los gobiernos en cambio son transitorios y conformados por individuos que al asumir sus funciones juran defender al Estado y respetar las normas constitucionales del mismo.

Esta diferencia es importante ya que no existe ni una sola norma constitucional del Estado Peruano que consienta el abuso de los derechos humanos.

Los Estados no son los que violan los derechos humanos. Son las personas individuales que ocupan cargos en los Gobiernos las que en clara violación a las normas constitucionales y haciendo mal uso del poder violan dichos derechos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos puede hallar responsabilidad en los individuos que integraron un Gobierno, puede sancionar a dichos individuos e incluso conminar al Gobierno presente de un Estado para que someta a dichas personas a la justicia. Puede igualmente fijar la reparación monetaria que dichas personas deberán pagar por su abuso y porque no, exigir que los mismos presenten disculpas publicas por sus actos en clara señal de arrepentimiento.

Lo que no puede hacer la Corte sin embargo es hallar responsabilidad en todos los peruanos (el Estado), por dichos actos, imponerle una reparación por ello y más aun, exigir que el Gobierno actual, en representación de todos los peruanos, presente disculpas y haga un homenaje a las victimas por un delito que no hemos cometido.

En ese sentido, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos viola abiertamente mis derechos fundamentales y el de millones de Peruanos que estuvimos y seguimos estando en contra de cualquier violación de los derechos humanos y que no tenemos responsabilidad alguna en los actos cometidos por un grupo de individuos que decidieron abusar de las facultades que les concede la constitución.

De igual forma la Corte Interamericana ha violado el derecho fundamental a la defensa que tengo yo y todo el pueblo Peruano (el Estado) al permitir y aceptar que algunos funcionarios transitorios que ocupan cargos de Gobierno se allanen en una demanda sin tener la autoridad ni el respaldo constitucional para ello.

Los Gobiernos no pueden ni tienen la autoridad y/o representatividad para renunciar a los derechos fundamentales de sus ciudadanos ante ningún foro. Es como aceptar que el Gobierno tiene potestad para renunciar a nombre de todos los peruanos al derecho fundamental a la libre expresión. De ser así, el Gobierno tendría el mismo derecho de allanarse en la demanda interpuesta por las victimas porque estas también son peruanas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha cometido no solo un error sino una flagrante violación a los derechos fundamentales de todos los peruanos que como yo condenamos las violaciones de los derechos humanos y que ciertamente no tuvimos ninguna participación en lo acontecido en el penal Castro Castro.

En estas condiciones considero que los ciudadanos Peruanos tenemos todo el derecho de interponer una demanda ante la Corte Internacional de La Haya por la flagrante violación a nuestros derechos fundamentales en la que ha incurrido la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el ejercicio de sus funciones.

Al respecto, seria oportuno que el Dr. Javier Valle Riestra, reconocido tribuno y jurista Peruano con una impecable trayectoria como defensor de los derechos humanos, se pronuncie sobre el merito de una demanda de este tipo y, mejor aun, que eventualmente presida un equipo de juristas Peruanos para interponer y sustentar dicha demanda.

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jueves, enero 25, 2007

LO QUE NO SE HA DICHO SOBRE WAYRA PERU Y LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO

Es realmente notable la total ausencia de perspectiva y ciertamente de identidad nacional manifiesta en los comentarios que día a día aparecen en nuestros diarios y que, pareciera ser, no incomodan a nadie.

Recientemente he leído en un suplemento del diario El Comercio una nota, que solo puedo explicar como “interesada”, sobre el lamentable e injustificable conflicto surgido entre los accionistas de la línea aérea nacional Wayra Perú.

La publicación en mención es discretamente crítica hacia el accionista nacional de dicha empresa y, al mismo tiempo, impúdicamente servil para promover la imagen e intereses del accionista extranjero de la misma.

Esto no pasaría de ser simplemente un ejemplo mas de la vocación “fenicia” que caracteriza al periodismo nacional de no ser porque la intencionalidad de la nota atenta directamente contra lo que ha propuesto el Presidente de la Republica.

De tal forma, consideramos oportuno comentar el caso destacando objetivamente la verdadera dimensión y relevancia que tiene este enojoso e inaceptable conflicto de intereses entre los accionistas de Wayra Perú y las implicancias que a nivel ético, por decir lo menos, podría tener el caso si es que en efecto se constatara la oficiosa participación de algunos funcionarios del gobierno en el mismo.

Empezaremos por decir que es inaceptable que el conflicto entre estos accionistas haya determinado la suspensión de operaciones por parte de dicha línea aérea. Decimos inaceptable porque los peruanos y particularmente el público consumidor no tienen porque pagar las consecuencias de estas discrepancias.

En todas las empresas existen conflictos y discrepancias entre accionistas y estas no dejan de operar y funcionar normalmente debido a ello. Mas aun, las leyes del Perú contemplan este tipo de situaciones, que insistimos son comunes a la mayoría de empresas, así como los recursos, dentro de la Ley, que tienen las empresas y sus accionistas para resolver estos conflictos. Estas leyes están dadas no solo para ayudar a los accionistas sino, lo que es más importante, para proteger tanto a los consumidores como a los trabajadores de las empresas.

Para el caso, no tiene ninguna importancia la naturaleza del conflicto, quien tiene la razón y mucho menos cuales son los argumentos de las partes. Lo único importante es que resulta absolutamente inaceptable e injustificable que Wayra Perú haya dejado de operar como consecuencia de este conflicto y que los consumidores y trabajadores peruanos sean los perjudicados por esta abusiva y prepotente decisión.

Resulta aun más increíble la asombrosa ineptitud con la que las autoridades han actuado frente a esta situación.

La Ministra de Transportes y Comunicaciones, quien ha trascendido tuvo una reunión personal con el accionista extranjero de dicha línea aérea, fue incapaz de comunicar a este, como correspondía, que cualquier solución al conflicto tenia necesariamente que darse dentro del marco de lo que establecen las leyes Peruanas y que la interrupción de vuelos no solo seria inaceptable sino que levantaría serias dudas sobre la integridad empresarial y profesional de todos los accionistas y ejecutivos de la empresa para explotar cualquier servicio aerocomercial hacia/desde y/o en el Perú.

El Presidente de Indecopi, cuya responsabilidad es velar por los intereses del público consumidor, brillo por su ausencia y por supuesto no tuvo ni intervención ni opinión alguna cuando se dio este flagrante atropello contra los consumidores nacionales.

El Secretario de la Presidencia de la Republica, quien a trascendido también tuvo una reunión personal con el accionista extranjero de Wayra Perú, parece ser que tampoco comunico a este el disgusto del Presidente de la Republica por la forma en que los accionistas estaban manejando sus discrepancias y sobretodo por el perjuicio que su actitud estaba causando tanto a los consumidores como a los trabajadores de la empresa.

No existe ni siquiera un comentario oficial y/o nota periodística que de cuenta o siquiera mencione el que alguna autoridad del gobierno haya tenido la feliz iniciativa de haber citado a todos los accionistas de Wayra Perú para conminarlos a que resuelvan sus discrepancias sin interrumpir las operaciones evitando así perjudicar a terceros.

Independientemente de los argumentos que puedan esgrimir las partes para justificar su posición en este conflicto empresarial, que por supuesto estamos seguros serán argumentos antagónicos, y, aun cuando no conocemos los detalles de este enojoso conflicto, existen algunos hechos concretos que nos hacen suponer que buena parte del perjuicio causado a los consumidores Peruanos es responsabilidad directa del inversionista extranjero de Wayra Perú y/o de los ejecutivos de sus empresas afiliadas.

Decimos esto porque es absolutamente claro que los aviones Fokker 100 con los que operaba Wayra Perú fueron arrendados a esta por una empresa afiliada al inversionista extranjero. Existen numerosos artículos periodísticos en la prensa Colombiana y Brasilera así como en publicaciones especializadas de aviación comercial que dan cuenta de la adquisición de una flota de aviones Fokker 100 por parte de dicho inversionista y/o las empresas afiliadas a este.

Resulta igualmente claro que dicho accionista y/o las empresas afiliadas a este retiraron del Perú dichos aviones sin que mediara reclamo y/o pronunciamiento judicial alguno impidiendo así que Wayra Perú pudiera continuar volando.

Es mas, es muy probable que el retiro de dichos aviones se realizara en forma ilegal o en su defecto con la complicidad de la autoridad aérea peruana ya que las disposiciones aeronáuticas del Perú establecen que para retirar del país una aeronave es preciso contar con autorización de la Dirección General de Transporte Aéreo. Dicha autorización a su vez esta sujeta al cumplimiento de un trámite administrativo y/o a una orden judicial.

De haberse realizado un tramite administrativo, este hubiera despertado inquietud en la autoridad aérea nacional quien hubiera advertido que la solicitud amenazaba con perjudicar tanto a consumidores como trabajadores Peruanos y por tanto hubiera ameritado una evaluación mas profunda para establecer las implicancias de tal acción y la conveniencia de aprobar la misma.

De no ser así, la autoridad aérea y ciertamente la ministra de Transportes y Comunicaciones no solo tendrían responsabilidad directa en el perjuicio causado a los consumidores y trabajadores nacionales sino, lo que es mas importante, pondrían al descubierto la ineptitud así como la actitud servil y pusilánime de aquellos que se supone deben velar por el interés nacional.

Por el contrario, si como parece ser, el retiro de las aeronaves de Wayra Perú se realizo en forma irregular, entonces esto denotaría una abusiva y prepotente actitud empresarial por parte del inversionista extranjero de Wayra Perú y una absoluta falta de respeto y consideración por parte del mismo hacia los consumidores y trabajadores peruanos.

Una actitud no solo ofensiva y reñida con el respeto mínimo que el Perú tiene derecho a exigir por parte de los inversionistas extranjeros, a los que con tanta calidez acoge, sino también una falta de consideración absoluta para con el país y sus leyes.

Dicho en términos populares; un inversionista matonesco que considera al Perú un potrero y que por tanto se siente con el derecho de llevarse la pelota y terminar el partido si no se hace lo que el quiere.

Por si fuera poco, la nota aparecida en el Comercio sostiene que este controvertido inversionista extranjero tiene planificado crear otra línea aérea en el Perú, suponemos, con la aquiescencia de algún “felipillo” nacional y/o el apoyo de algunos funcionarios “amistosos” de este gobierno. Esto resulta tan absurdo que preferimos pensar que es una insinuación interesada o simplemente una broma.

Lo que no es broma sin embargo, es que el tratamiento del caso Wayra Perú por parte de algunas autoridades y funcionarios de este Gobierno denota no solo una imperdonable indolencia sino también serias discrepancias políticas.

De hecho la actuación de nuestras autoridades se contradice con lo que el Presidente de la Republica ha declarado a lo largo de su campana política y que ratifico en su discurso ante el Congreso en la ceremonia de toma de mando. Declaraciones que, dicho sea de paso, muchos de nosotros hemos creído y que nos impulsaron a votar por el.

El Presidente Alan García ha sido enfático al sostener que su gobierno estará comprometido con el ideal de alcanzar un nivel de desarrollo económico que nos permita superar el extraordinario desarrollo alcanzado por Chile.

El Presidente ha igualmente invocado a los peruanos para que asumamos la responsabilidad que nos corresponde en esta tarea así como en la ineludible obligación moral que tenemos de generar bienestar y progreso para los menos favorecidos en el país.

Estas no son simples declaraciones, verbo político o buenas intenciones sino un llamado formal para que todos asumamos como propio el reto y el compromiso de alcanzar esa meta.

Estamos convencidos que el Presidente de la Republica por su lado ha dado instrucciones especificas a sus ministros y funcionarios para que apoyen a todos los empresarios nacionales, grandes, medianos o pequeños, para que puedan cumplir con la responsabilidad que les toca en este imperativo nacional.

En el tratamiento del caso Wayra Perú sin embargo los funcionarios han actuado como enemigos del inversionista nacional y por supuesto de paso han traicionado a los consumidores y trabajadores.

El fabuloso desarrollo económico de Chile no es, como muchos piensan, consecuencia de la inversión extranjera en dicho país sino de una alianza formal entre el estado y sus empresarios nacionales. Una alianza que se sustenta en el compromiso por parte del estado Chileno de apoyar incondicionalmente a sus empresarios. Esto no quiere decir que el estado Chileno se ha comprometido a apañar las faltas que cometan sus empresarios sino simplemente que el estado apoyara y respaldara la posición de sus empresarios e inversionistas nacionales mientras no se pruebe formal y/o judicialmente que estos han actuado incorrecta o ilegalmente.

Los Peruanos somos testigos de privilegio de como en todos los conflictos surgidos en los últimos anos entre empresarios Peruanos y Chilenos, tanto en Chile como en el Perú, el estado Chileno siempre ha sido consecuente e irreductible con respecto a ese compromiso.

La confianza empresarial que genera esa gallarda actitud es tan contundente que los empresarios Peruanos han empezado a invertir en empresas Chilenas en lugar de Peruanas y a través de ellas abrir sucursales para hacer negocios y operar en el Perú. Aunque parezca mentira y ciertamente lamentable, los empresarios Peruanos tienen mas confianza en el estado Chileno que en el Peruano para defender sus intereses.

A la luz de lo acontecido con Wayra Perú quien los puede culpar.

El Presidente de la Republica tiene que tomar cartas en el asunto y erradicar con decisión la mentalidad de “felipillo” jadeante que tienen algunos ministros, funcionarios y autoridades ante el capital extranjero. Contrariamente a lo que piensan estos, esa vergonzosa actitud no genera confianza en los inversionistas extranjeros. Por el contrario genera una gran desconfianza y desprecio.

Los inversionistas extranjeros respetan a los estados y sus representantes cuando estos son consecuentes con el interés de sus naciones y sus empresarios y desconfían de aquellos que no se respetan ni siquiera a si mismos.

Chile no es el único país que defiende incondicionalmente a sus empresarios e inversionistas. Todos los grandes países del mundo hacen lo mismo (Estados Unidos, Japón, Francia, Inglaterra, Alemania, etc.) e inclusive algunos son hasta abusivos haciéndolo.

El riesgo de no erradicar inmediatamente este servilismo compulsivo de nuestra burocracia y de algunas autoridades es muy grande para el país y ciertamente, poco menos que destruye cualquier aspiración Presidencial de superar a Chile.

Estamos a punto de formalizar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y el antecedente de lo acontecido con Wayra Perú tiene que incomodar a los empresarios Peruanos quienes en algún momento u otro van a necesitar el apoyo incondicional de su gobierno para enfrentar y resolver los múltiples conflictos y discrepancias que necesariamente habrán de surgir en el marco de dicho acuerdo.

Si el Perú no muestra una clara y contundente voluntad de erradicar esta mentalidad servil, en lugar de un TLC para adentro lo que vamos a tener es un TLC para afuera. Esto, porque los empresarios Peruanos van a fugar en masa para constituir empresas en Miami y operar a través de sucursales en el Perú bajo el manto protector de los Estados Unidos.

Antes de terminar este comentario debemos ser enfáticos con respecto a lo siguiente. Es muy probable que cuando se publique este articulo, algunas personas tengan la tentación de aprovechar el mismo para tratar de responsabilizar al Presidente de la Republica por lo acontecido con Wayra Perú. Esa actitud a nuestro juicio seria no solo convenida y ciertamente equivocada sino lo que es peor, simplista.

A lo largo de su carrera política el Presidente García ha cometido errores y dado muestras de que, como todo ser humano, adolece de muchos y múltiples defectos. Sin embargo, no creemos que exista una sola persona, sea esta aliado o adversario político, que pueda acusar al Presidente García de ser servil. Hacerlo, a nuestro juicio, seria una verdadera vileza.

Dicho esto, si consideramos sin embargo que tenemos derecho de solicitar su intervención para subsanar las actitudes y limitaciones que mencionamos en el presente articulo y, eventualmente, solicitarle que explique las medidas que ha dispuesto para ello.

SI YO FUERA PRESIDENTE, citaría a los accionistas de Wayra Perú para analizar si todavía es factible rescatar a esa empresa. Empezaría por citar primero al inversionista nacional y después al inversionista extranjero.

Inmediatamente encargaría al Presidente del Consejo de Ministros la elaboración de un documento que defina claramente las políticas y directrices que habrán de servir como “Marco de Referencia” para guiar la relación entre el gobierno y los empresarios/inversionistas nacionales. Dicho documento deberá igualmente incluir las expectativas del gobierno con respecto a la gestión de estos.

Asimismo, implementaría a nivel de la Presidencia de la Republica y dependiente del mismo Presidente, una oficina que tenga como objetivo servir de nexo entre las autoridades del Gobierno y los empresarios nacionales.

Una oficina de gestión al más alto nivel que sirva como aliado del empresariado nacional al interior del gobierno. Una oficina que ponga al servicio de los empresarios, de todos los empresarios, grandes, medianos o pequeños, la influencia y capacidad de convocatoria del Presidente de la Republica para acelerar tramites, resolver problemas, facilitar el acceso a las autoridades, etc. así como otras gestiones que pudieran requerir estos.

Una oficina con un Presupuesto reducido cuya función sea estrictamente gestionar acciones en favor de los empresarios. Una oficina a la que tengan acceso todos los empresarios y no solo algunos privilegiados. Una oficina, por lo demás, sin capacidad alguna para proponer, desarrollar, gestionar y/o intervenir en materias de carácter político, social y/o económico.

La oficina propuesta, aunque de apoyo a los empresarios y a la inversión, cumpliría indirectamente una doble función. En primer lugar brindaría a los empresarios nacionales la confianza de saber que cuentan con el apoyo personal y directo del Presidente de la Republica para facilitar su gestión. Mas importante aun, dicha oficina serviría igualmente para que todos los funcionarios del gobierno puedan identificar rápida y claramente cuando alguna autoridad no vinculada a dicha oficina pretende utilizar su influencia impropiamente para favorecer a un tercero.

La lucha contra la corrupción implica no solo luchar contra los corruptos sino también contra el uso impropio del poder y la influencia de la cual esta se nutre.

Nadie tiene mas influencia en el país que el Presidente de la Republica y por tanto no existe ninguna razón para que los empresarios y/o inversionistas recurran a la influencia de ninguna otra autoridad. De la misma forma, las autoridades podrán canalizar a través de esta oficina las justas y perfectamente validas inquietudes que pudieran tener con respecto al bienestar general del empresariado nacional y/o de alguna empresa o empresario en particular.

Con el “Marco de Referencia” elaborado por el Consejo de Ministros citaría a los rectores de las principales Universidades nacionales para explorar y, de ser posible concretar, la implementación de una serie de cursillos de extensión Universitaria para capacitar tanto a los funcionarios del gobierno, incluyendo ministros, como a los empresarios en el contenido, alcances, beneficios y responsabilidades que contempla este “Marco de Referencia”.

Dichos cursillos deberán igualmente capacitar a los participantes en las características que definen a un estado moderno particularmente en lo que se refiere al papel que debe cumplir la inversión nacional y la inversión extranjera en el desarrollo del país así como el imperativo y la responsabilidad que tiene la administración publica de supeditar las expectativas de los inversionistas al interés nacional y los derechos de nuestros ciudadanos.

A nivel empresarial, los cursillos deberán capacitar a los participantes en el rol y la responsabilidad que deben asumir los empresarios en un estado moderno, particularmente en lo que se refiere a la creación de puestos de trabajo y la reinmersión de utilidades pero sobre todo en el protagonismo que deben asumir como agentes en la implementación de la estrategia geopolítica del país.

Estos cursillos serian obligatorios únicamente para los ministros y voluntarios para funcionarios públicos y empresarios. A nivel administración publica sin embargo, el costo de los mismos seria cubierto por el estado y la asistencia a estos seria requisito indispensable para aspirar a promociones y/o aumentos salariales.

La persona que se nombre para dirigir la oficina Presidencial de Apoyo Empresarial no puede ser un político sino más bien tiene que ser una persona pragmática que tenga claro el papel que debe cumplir el Estado así como el empresariado en el desarrollo nacional. Tiene que ser un buen negociador y una persona capaz de conciliar aspiraciones e inquietudes que en muchos casos van a ser antagónicos.

Dicho esto y sin pretender descartar a otros profesionales, me atrevería a sugerir para el puesto al Sr. Alfredo Ferrero que ocupo el cargo de Ministro de Comercio Exterior y Turismo en el gobierno anterior. Yo no conozco personalmente al Sr. Ferrero pero entiendo, por lo que he leído en la prensa, que es una persona joven, honesta, parece ser bastante capaz y ciertamente tiene una gran vocación de servicio al país.

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lunes, enero 15, 2007

PENA DE MUERTE O MUERTE SIN PENA

El tema de la pena de muerte es un tema controversial por decir lo menos ya que la opinión de los ciudadanos con respecto al mismo esta basada en múltiples consideraciones de tipo religioso, moral, ético, jurídico, filosófico, etc.


Es un tema que puede ser analizado desde diferentes ángulos y en cada caso la discusión puede ser no solo apasionada sino realmente profunda. En este tema todas las opiniones son validas y, aunque parezca imposible, lo cierto es que buena parte de los argumentos a favor y en contra de esta medida son bastante sólidos.


De tal forma, con el animo de ser lo mas objetivos posible, empezaremos por eliminar las consideraciones de carácter religioso porque las mismas normalmente están sustentadas en principios que son materia de fe y como tal no son cuestionables. En el Perú, no todos profesan la misma religión y por tanto los argumentos religiosos no tienen porque ser validos para, o, aceptados por, aquellos que no profesan la misma fe.

Sobre el particular, consideramos apropiado comentar las incomodas, impropias y ciertamente atrevidas declaraciones que recientemente hiciera el Sr. Rafael Rey, Ministro de la Producción, en el sentido de que la pena de muerte no esta reñida con la religión Católica.
Aunque el Sr. Rey es conocido por hacer gala de la forma piadosa con que profesa su fe, este no es un interlocutor valido o siquiera creíble de la religión Católica. Mas aun, al irrogarse este tipo de representatividad religiosa lo que hace es poner de manifiesto que el profesa un tipo de religión Católica muy personal de la que, pareciera ser, es portavoz. Algo así como su propio sabor de Catolicismo.

En esto el Sr. Rey se parece mucho al cardenal Juan Luis Cipriani quien también tiene por costumbre irrogarse la condición de intérprete de la religión Católica cuando no lo es. Un ejemplo flagrante de esta debilidad común es la frase “Yo soy la voz de Cristo” con la que el cardenal reaccionara a las aclaraciones, perfectamente justificadas, que sobre ciertas declaraciones, le hiciera el monseñor Luis Bambaren.

Con mucha sabiduría la iglesia Católica ha depositado la inmensa responsabilidad de interpretar la fe en cuerpos colegiados integrados por obispos y, en forma excepcional, en la persona misma del Papa.

Esta sabia medida se ha adoptado precisamente para prevenir y evitar que laicos y sobretodo sacerdotes, que en buena cuenta son personas comunes y corrientes como todos nosotros, obnubilados por la jerarquía transitoria que en algún momento pudieran ocupar en la estructura de la iglesia, caigan en la tentación de distorsionar las enseñanzas y adaptarlas a sus propios intereses y/o afiebradas interpretaciones teológicas.

En la religión Católica que profesamos la mayoría de peruanos, las declaraciones tanto del Sr. Rey como del cardenal Cipriani constituyen un pecado. Ese pecado es el pecado de “soberbia”, uno de los siete pecados capitales, y por tanto bien harían ambos en recurrir al Monseñor Bambaren para confesarse y solicitar perdón luego, por supuesto, de realizar un profundo acto de contrición y expresar un autentico propósito de enmienda.

El Sr. Rey tiene todo el derecho de coincidir con y/o apoyar la opinión del Presidente con respecto al tema de la pena de muerte pero ciertamente no tiene derecho a utilizar su posición política para manipular abierta e impropiamente con la fe de nuestro pueblo en un claro intento de poner la religión al servicio de la política. El Presidente no necesita ayayeros inescrupulosos; eso, en lugar de ayudarlo lo perjudica.

Al igual que en el caso de los argumentos religiosos consideramos que debemos eliminar igualmente las consideraciones de índole moral. Esto, porque la moralidad social es un valor dinámico que cambia con el transcurrir del tiempo. No nos referimos a la moral inspirada en principios religiosos sino a la moral laica. Esa moral que es aceptada por la mayoría de personas en una sociedad y que por tanto se convierte en norma.

Treinta anos atrás el uso de un bikini, el divorcio, los hijos fuera del matrimonio, el aborto, la homosexualidad, la concepción artificial, el clonaje de animales e inclusive algunos derechos de la mujer como el voto y el acceso a la educación, eran simplemente anatemas que ni siquiera podían ser discutidos en publico. Hoy día, todos estos temas son discutidos y ventilados abiertamente por las personas y los medios de comunicación porque la sociedad en su conjunto ha modificado su posición moral con respecto a ellos.

La moralidad a nivel social es ciertamente un concepto dinámico y cambiante e inclusive hay quienes sostienen que la misma varia en forma pendular a lo largo del tiempo desplazándose entre un extremo totalmente liberal y otro conservador.

La moralidad de las sociedades por lo demás esta influenciada por consideraciones de tipo cultural. El parricidio, por ejemplo, es una práctica moralmente aceptada entre los esquimales así como el servinacuy lo es en la cultura Andina.

De tal forma, no seria correcto sustentar una opinión sobre la pena de muerte en argumentos de carácter transitorio y cambiantes que tienen muy poca vigencia.

Habiendo descartado las consideraciones de carácter moral y religioso empezaremos por discutir algunas de carácter ético que si tienen relevancia.

Desde el punto de vista ético realmente existen muy pocas razones por la cuales la sociedad deba tener consideración o piedad hacia un delincuente que no tuvo consideración o piedad alguna para con su victima; especialmente si esta era una victima indefensa.

Hay ciertos delitos, como el abuso sexual de niños y algunos casos de terrorismo, que la sociedad percibe como atroces y que por tanto deben ser castigados con penas ejemplares. En esos casos, la pena de muerte ciertamente es una pena que tiene la misma jerarquía que los delitos.

Hay quienes sostienen sin embargo que la sociedad es en parte culpable de que se cometan esos delitos argumentando que los depravados que los cometen son producto de la ignorancia y el abandono social.

Este argumento es valido ya que no se puede negar que el abandono social puede generar desesperación y la desesperación a su vez puede desquiciar a los seres humanos.

En el caso de la pedofilia sin embargo las estadísticas a nivel mundial tienden a discrepar con este argumento ya que esta probado que esta depravación no es patrimonio exclusivo de los ignorantes y desesperados. Es mas, aunque muchos casos jamás trascienden a la opinión pública, la pedofilia parece ser una depravación que tiene mayor arraigo en los sectores más educados y pudientes de las sociedades.

Otro argumento ético que es utilizado para cuestionar la aplicación de la pena de muerte en los casos de violación de niños es el hecho de que el consumo descontrolado de alcohol y/o drogas parece jugar un papel importante en la gran mayoría de casos.

Este argumento es un poco débil sin embargo porque es claro que el alcohol y las drogas no crean la inclinación hacia la depravación. En todo caso pueden exacerbar dicha tendencia pero no crearla. Millones de personas abusan del alcohol y las drogas pero no salen a buscar niños para violarlos.

En el caso de terrorismo por el contrario, el abandono social puede ser un argumento mas relevante pero también es cierto que la pena de muerte parecería ser una pena particularmente apropiada para quienes promueven precisamente la muerte de inocentes como método de transformación social.

Desde el punto de vista ético es difícil encontrar argumentos validos en contra de la aplicación de la pena de muerte para castigar ciertos delitos y por tanto tenemos que concluir que la misma es una alternativa perfectamente valida.

A nivel jurídico realmente no existen mayores observaciones excepto por el hecho de que la normatividad legal deberá definir clara y específicamente en que casos se debe aplicar la pena de muerte. En los casos de violación la edad de la victima es un elemento que deberá tomarse en consideración así como en el caso de terrorismo la existencia de victimas inocentes deberá ser una condición para la aplicación de la pena. No es lo mismo volar una torre de alta tensión que ejecutar a un alcalde en la plaza principal de un pueblo.

A nivel judicial sin embargo (administración de justicia), las consideraciones son mucho mas complicadas y de hecho plantean serias dudas sobre la posibilidad de aplicar la pena de muerte en el Perú sin vulnerar los derechos ciudadanos.

La gran mayoría de peruanos coincide en que el sistema judicial Peruano no es confiable y ciertamente no es completamente independiente.

En países como Estados Unidos, donde existe la pena de muerte, la culpabilidad de un acusado es decidida por jurados compuestos por doce personas que deben decidir por consenso (unanimidad) y ante duda razonable están obligados a fallar a favor del acusado.

Dichos jurados representan a la sociedad en su conjunto y están constituidos por ciudadanos comunes y corrientes. Esto que podría interpretarse como una debilidad del sistema realmente es la esencia que sustenta la validez y vigencia del mismo. La misión del los jurados no es simplemente comprobar si el acusado violo tal o cual ley sino la de hacer justicia. Es por ello que en muchos casos no obstante que la violación de la ley ha sido fehaciente y contundentemente probada en la corte, los jurados, por unanimidad, hallan al acusado inocente. Es decir, prima la administración de lo que la sociedad considera como justo por encima de lo que establecen las normas legales. Esto porque los códigos de leyes son simplemente eso, textos de referencia y como tales su aplicación rigurosa no implica que se esta haciendo justicia.

A este elaborado y ciertamente costoso sistema para administrar justicia, se suma una millonaria infraestructura de laboratorios de investigación forense que no solo es extraordinaria sino también altamente tecnificada.

Aun así, son numerosos los casos de personas que son encontradas inocentes anos después de que los mismos fueran juzgados y sentenciados. Algunos casos notables de esto incluyen personas que han sido encontradas inocentes después de anos y mientras estaban a la espera de ser ejecutados.

En Perú, por contraste, la culpabilidad de un acusado es decida en la mayoría de casos por una sola persona, el juez, y en otros por un tribunal constituido por tres jueces. El proceso mismo es un ritual que en todo momento exalta el poder omnímodo de los jueces. Nadie en la corte puede dirigirse a los acusados, testigos y/o abogados como no sea a través de los jueces al punto que las preguntas son hechas a estos y luego estos repiten la pregunta al interpelado.

Al margen de las consideraciones de forma, el hecho es que los que deciden la culpabilidad de un acusado en el Perú y eventualmente los que habrán de decidir la aplicación de la pena de muerte son un puñado de jueces sujetos a presiones externas e internas amen de conflictos personales y existenciales. No estamos hablando de eminencias legales y jurisconsultos sino de profesionales promedio cuya carrera y bienestar personal esta sujeta a la percepción que tenga la magistratura (sus colegas) y el gobierno sobre su actuación.

En lo que se refiere a la investigación forense, salvo en casos excepcionales, esta es prácticamente inexistente. De hecho no existe ni siquiera un laboratorio de investigación forense en ninguna ciudad del Perú que no sea Lima.

La probabilidad de que nuestro sistema judicial cometa un error y condene a un acusado a la pena de muerte no obstante ser inocente es extremadamente alto. Tan alta, que realmente dicha posibilidad linda con la violación de los derechos ciudadanos y particularmente el derecho al debido proceso.

Por supuesto que el riesgo de que se cometa una injusticia es mayor en el caso de la gente pobre ya que la defensa de estos estará en manos de defensores de oficio de dudosa capacidad profesional. El que tenga dinero tendrá mayores y mejores garantías ya que tendrá los recursos para contratar abogados especializados y de renombre.

Así pues, aunque desde el punto de vista ético no exista impedimento para la aplicación de la pena de muerte desde el punto de vista judicial el riesgo es inaceptable.

La pena de muerte es una pena final y terminante y una vez aplicada ya no hay retroceso. Aplicar esta pena en el Perú con el sistema judicial vigente seria insensible e irresponsable así como asumir un riesgo altísimo de que la aplicación errada de esta pena termine por desacreditar totalmente a nuestro sistema judicial. Sistema judicial que, por lo demás, ya goza de una pobrísima aceptación ciudadana.

En lo que se refiere a las consideraciones filosóficas tal vez el argumento mas contundente en contra de la pena de muerte sea la aspiración que como seres humanos tenemos de construir una sociedad solidaria que sea cada vez mas civilizada. La pena de muerte en ese sentido es una medida que nos aleja de ese ideal y por el contrario exalta el atavismo primitivo de nuestra naturaleza animal que tiende hacia la sobrevivencia del más fuerte.

SI YO FUERA PRESIDENTE, creo que no hubiera gastado capital político en un tema como este a menos que existiera un verdadero clamor popular por contemplar esta medida. De ser así, de hecho sometería el tema a la decisión popular a través de un plebiscito pero no sin antes asegurarme de que el pueblo tenga una clara idea de la importancia e implicancias de la decisión que habrá de tomar.

Para ello fomentaría un amplio debate nacional que expusiera los argumentos a favor y en contra de la medida e invitaría a todos los medios de comunicación y particularmente a las universidades a planificar y estructurar dicho debate.

Como Presidente me limitaría a expresar mi opinión sin hacer proselitismo político para favorecer la misma y dejaría a todos los funcionarios y autoridades políticas en libertad de expresar su opinión sobre el tema de acuerdo con lo que dicte su conciencia.


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martes, mayo 09, 2006

NO A LA DESCENTRALIZACION

El Perú no necesita esa solapada expresión de paternalismo político que se ha dado en llamar “descentralización” y cuyo objetivo no es otro que camuflar el centralismo estatal creando la ilusión de que el poder se esta trasladando hacia las regiones cuando en realidad el mismo seguirá bajo el control del gobierno central.

La llamada descentralización es simplemente una forma refinada de preservar el centralismo y de reducir la presión social generada en el interior del país por esa asfixiante estructura política y económica. Una estrategia para otorgar a las regiones una especie de libertad condicionada sujeta a la tutela, evaluación y aceptación del gobierno central pero sobretodo, sujeta a la benevolencia económica de este.

No debe pues extrañarnos que el gobierno central constantemente resalte la ineficiencia y hasta ineptitud de las regiones para administrar sus recursos de inversión y presupuestos así como la ineficacia política de sus órganos de gobierno. Al final y al cabo, la descentralización tiene precisamente como objetivo resaltar la fragilidad de los gobiernos regionales y destacar la necesidad de que estos dependan de un gobierno central. Es mas, semánticamente, la palabra descentralización implica la necesaria existencia del concepto centralización. Son, a falta de una mejor definición, conceptos siameses.

Los Peruanos históricamente nos hemos caracterizado por tener una profunda raigambre regional. Raigambre que se sustenta en la intima y, en el caso del mundo Andino, mágica relación con la tierra y con su entorno natural; el medio ambiente.

El primer intento organizado de someter al pueblo Peruano a la voluntad de un poder central fue el imperio Inca. Los Incas utilizaron el temor al desarraigo regional como arma para forzar la adhesión voluntaria de los pueblos a la voluntad del Cuzco. De hecho, los Incas recurrieron al secuestro masivo de pueblos enteros y su re-ubicación en lugares apartados como medida punitiva para castigar a quienes se resistían a la asimilación y para disuadir rebeldías en los pueblos ya asimilados.

El Virreynato, a sangre, abuso y fuego, continúo con el proceso de someter al pueblo a un poder central y posteriormente, la Republica, utilizando métodos más sutiles pero igualmente efectivos como la marginación cultural y económica, continua, hasta el día de hoy, con este despropósito.

Resulta curioso y hasta paradójico constatar que en la época actual, el discurso llamado nacionalista y/o revolucionario de candidatos como el Sr. Humala lejos de revindicar la vocación regionalista de los pueblos nativos del Perú por el contrario promueva continuar con el sometimiento de los mismos a un poder central disfrazado de descentralista y, según se desprende de su plan de gobierno, aun mas autoritario que el actual.

De igual forma resulta curioso y patético que dicho candidato se proclame partidario de una estrategia Bolivariana de desarrollo para América Latina, cuando Simón Bolívar fue enemigo de la autodeterminación y vocación regionalista de los pueblos Andinos.

La fuerza creadora del Perú radica precisamente en la vocación regionalista de su pueblo que lamentablemente ha sido combatida incesantemente desde la época del Incanato.

Para que exista desarrollo real en el Perú, es indispensable rescatar esa fuerza creadora eliminando definitivamente el concepto político de Estado central y ese esperpento que se ha dado en denominar descentralización y sustituirlo por el de Estado Federal Nacional y Regiones Autónomas.

En resumida cuenta es preciso regresar a nuestras raíces y rescatar aquello que funciono en el Perú durante miles de anos. Hay que devolverle al pueblo Peruano esa independencia que permitió el surgimiento de grandes culturas. Hay que devolverle al pueblo Peruano el orgullo regional.

Hay un dicho popular que dice, “la primera libertad es la libertad económica”. En esencia ese dicho describe la principal diferencia entre el llamado descentralismo y el concepto de autonomía.

Autonomía implica no solo la vigencia de entidades políticas independientes y autónomas con autoridades sujetas solamente a la voluntad de los electores de la región sino lo que es más importante, con independencia económica. Esto es, con la capacidad de generar y administrar sus propios ingresos así como sus recursos naturales.

Autonomía implica igualmente una estructura política independiente. Un poder ejecutivo, legislativo y judicial en cada región, autoridades tributarias independientes, registros públicos regionales y leyes especificas en cada región que no necesariamente serán iguales en todas las regiones.

Implica en buena cuenta la creación de pequeños Estados dentro de un Estado nacional.

Por su lado, el concepto de Estado Federal Nacional implica la adhesión voluntaria de las regiones autónomas a una estructura política nacional que les permita promover una nacionalidad común, potenciar su influencia y racionalizar el gasto en algunas áreas especificas como son las de relaciones internacionales, seguridad nacional y comercio internacional así como en áreas donde es necesario contar con lineamientos políticos y reglamentos definidos para administrar las relaciones entre las regiones.

Solamente con la autonomía regional se lograra distribuir realmente el poder y la riqueza en el Perú y, lo que es más importante, se realizara el anhelo de la autodeterminación que comparten todos los pueblos del Perú.

A nivel político, cada región contaría con su propio sistema electoral y seria responsable por la realización de elecciones para elegir sus autoridades regionales, provinciales y distritales e inclusive jueces y jefes de policía.

Los gobiernos provinciales y distritales serian organizados siguiendo los mismos lineamientos autonómicos validos para los gobiernos regionales otorgando así a estos el mismo grado de independencia política y económica con respecto al gobierno regional que este tendría con respecto al gobierno federal.

La democracia dejaría de ser un ejercicio ocasional cada cuatro anos y se convertiría en un ejercicio constante y permanente que tendría impacto directo en la vida cotidiana de cada ciudadano. Por lo demás, la autonomía en todos los estamentos políticos garantizaría una adecuada y saludable distribución del poder.

La autonomía regional igualmente crearía múltiples oportunidades y posibilidades de carácter profesional, empresarial, educativas, etc. en todo el país.

El simple hecho de que cada región tenga sus propias leyes habrá de replantear el funcionamiento de todas las actividades económicas en el país y por supuesto la creación y funcionamiento de las empresas. Cada región deberá competir para captar inversiones y será muy cuidadosa en la creación de zonas libres ya que ello tendría un impacto directo en la economía de la región.

Esto sin considerar que al asumir los gobiernos regionales las responsabilidades en lo que se refiere a captación tributaria, educación, salud, vivienda, comercio, banca, industria, seguridad ciudadana, etc. se generara automáticamente una importante demanda de profesionales y una oferta de puestos de trabajo en el interior del país.

En el caso de actividades económicas como la banca, la creación de regiones autónoma con leyes bancarias propias obligara a las sucursales bancarias a constituirse legalmente y a adecuarse a las leyes de cada región y lo que es mas importante a reestructurar sus operaciones de forma de circunscribir la captación de depósitos y la colocación de prestamos a la región en la que operan. Esto por supuesto dinamizara el movimiento económico en las regiones.

La actual banca nacional deberá igualmente adaptarse a la nueva estructura y circunscribirse a realizar operaciones de intermediación financiera con los bancos regionales.

En la practica, se habrá creado las condiciones para el resurgimiento de la banca nacional a través de bancos regionales de capital nacional. Se habrá igualmente garantizado que el ahorro interno en cada región sea colocado en la misma región en lugar de transferido a Lima. Por ultimo se dinamizara la economía regional al trasladar a las mismas y a los bancos regionales el manejo y fideicomiso, respectivamente, de los fondos públicos regionales.

La banca nacional de fomento dejaría de tener vigencia en la medida en que la banca regional asumiría estas funciones al orientar el crédito a las actividades económicas en las que su región tenga ventajas comparativas.

A nivel educación, las universidades estarían sujetas a los dispositivos legales de la región donde se ubiquen y es de esperarse que estas priorizen las carreras profesionales y técnicas de mas demanda en cada región. La gratuidad de la enseñanza seria garantizada por los gobiernos regionales solo a los estudiantes que residan en la región permitiendo de esta forma a las universidades publicas generar recursos cobrando a los estudiantes que no residan en esta.

Por lo demás, el requiriendo de títulos profesionales y técnicos otorgados por las instituciones educativas de la región para poder ejercer cualquier carrera profesional en el territorio de las mismas incentivaría a los estudiantes a estudiar en los centros de educación superior de su región y garantizaría para estos un adecuado mercado laboral en la misma. La competitividad profesional por su lado se aseguraría permitiendo a los profesionales la convalidación mediante examen de los títulos profesionales otorgados por instituciones educativas de otras regiones. Ello sin embargo, sujeto a los dispositivos que en este sentido establezca cada gobierno regional y en función de la oferta y demanda de profesionales en la misma.

Así, si una empresa minera, constituida y con una licencia para operar en determinada región, debe contestar a una demanda interpuesta ya sea en el fuero judicial regional o federal de dicha región, la misma o sus representantes legales en Lima deberán necesariamente contratar abogados locales licenciados para ejercer la profesión en dicha región. Lo mismo sucedería para el caso de constructoras, empresas agrícolas, centros de salud, bancos, mineras, empresas de seguridad, etc. que requieran de ingenieros, arquitectos, agrónomos, economistas, contadores, médicos, etc. para sus operaciones en cada región.

La autonomía regional crearía pues las condiciones para que la educación se adapte y oriente hacia el desarrollo de las regiones y favorecería la creación de puestos de trabajo calificado en el interior del país.

La autonomía, sin ser perfecta, ha demostrado ser una estructura política muy positiva y bastante acertada para países como Estados Unidos, España y Brasil. En cada uno de esos países la autonomía ha sido definida en forma diferente y, en el caso del Perú, lo más probable es que la misma asuma una estructura totalmente inédita.

Cualquiera sea esta estructura sin embargo, lo cierto es que la creación de un gobierno federal nacional y regiones autónomas trasladaría efectivamente el poder a las regiones, restauraría el orgullo regional y revindicaría el derecho de estas a definir sus propias prioridades de desarrollo y construir su propio futuro. Esto, amen de potenciar el desarrollo, profundizar la democracia, y distribuir efectivamente a riqueza en el país.

La autonomía no va a resolver todos los problemas nacionales pero si va a resolver los mas importantes y a convertir en manejables aquellos que no solucione. Aun así, el proceso no va a ser fácil y ciertamente van a tener que superarse una serie de obstáculos. De hecho uno de los obstáculos mas difíciles de superar va a ser el escepticismo de aquellos que no desean que el Perú cambie. Esta, sin embargo, es la típica responsabilidad que puede y debe asumir un Presidente de la Republica.

Corresponde al Presidente de la Republica inspirar al pueblo para que asuma como propia la visión de un nuevo país. Corresponde igualmente al Presidente de la Republica la misión de trasmitir optimismo, liderazgo y dirección cuando la voluntad se vea amenazada por el desgaste, cansancio y frustración propios de las tareas de gran aliento. Solo los pueblos pueden construir el destino de una nación pero para ello necesitan la fortaleza y convicción de verdaderos lideres.

SI YO FUERA PRESIDENTE, sometería a plebiscito nacional la iniciativa de transformar el Estado Peruano en un Estado federal integrado por regiones autónomas.

En base al mandato de la ciudadanía impulsaría la creación de una comisión técnica independiente de juristas y profesionales de alto nivel encargada de diseñar la nueva estructura política y económica, redactar el documento base de una nueva constitución federal, las actas de fundación y constitución de las regiones así como los dispositivos legales transitorios que establezcan los plazos y acciones para la implementación organizada de la nueva estructura política del país.

Durante el proceso, la referida comisión publicaría uno o más borradores de estos documentos e invitaría a todos los sectores, organizaciones y/o ciudadanos del país a brindar aportes, sugerencias y/o recomendaciones. Los documentos finales incluirían en cada capitulo la discusión de cada uno de estos aportes, sugerencias u observaciones y los argumentos que sustenten la incorporación o no de los mismos en el documento final.

Como Presidente de la Republica sometería los documentos base finales para la creación del gobierno federal así como las leyes transitorias al congreso nacional para su discusión política, revisión/modificación y aprobación según establezca la constitución. La nueva constitución federal tendría que ser aprobada por los congresos electos de cada región y suscrita por el presidente de un mínimo determinado de regiones para que pueda entrar en vigencia.

Los documentos constitutivos base de las regiones así como sus leyes transitorias serian de igual forma presentados a los congresos regionales debidamente elegidos para su discusión política, revisión/modificación y aprobación regional. El acta de fundación y la constitución aprobada por los congresos de cada región seria sometida a la aprobación ciudadana a través de plebiscitos en cada región.

Luego de la aprobación democrática de la nueva estructura del Estado y de las regiones la comisión técnica encargada de la redacción de los documentos base asumiría la función de facilitadora y asesora para la implementación racional y eficiente de los gobiernos regionales.

De tal forma, el proceso de transformar el país y revindicar el anhelo de la autodeterminación regional comprendería una gestión inicial eminentemente técnica y una gestión final eminentemente política pero sobretodo, brindaría a los ciudadanos la oportunidad de participar individualmente y/o a través de sus organizaciones representativas en la formulación de los documentos base.

Posteriormente correspondería a los gobiernos regionales iniciar un proceso similar para modificar la estructura, organización y alcances de los gobiernos provinciales y distritales en cada región ampliando así la participación democrática de la ciudadanía a todos los estamentos de la política.

El resultado, un nuevo país, transformado democráticamente con la participación y el aporte de organizaciones, asociaciones, instituciones, partidos y sobretodo los ciudadanos así como del Congreso. Una transformación basada en argumentos y lineamientos de carácter técnico, profesional y político y no producto de componendas ideológicas.

Un país moderno donde cada región definirá sus prioridades de desarrollo y adoptara las estrategias y medidas promocionales que le parezca más convenientes para captar la inversión privada y generar empleo.

Un país donde la educación superior estaría organizada para atender las necesidades de desarrollo de cada región y que brindaría a los graduados una razonable expectativa de conseguir trabajo en su región.

Un país de nuevas oportunidades en donde los talentos en lugar de fugar hacia afuera tendrían mayor incentivo para fugar hacia adentro.

Un país donde los Peruanos puedan ser profetas en su tierra. Donde propuestas como la del Sr. Hernando de Soto puedan ser adoptadas por una región y en base a la experiencia y el éxito en la implementación de las mismas posteriormente imitadas por otras regiones. Donde la banca regional tenga incentivo para apoyar dicha propuesta en la medida en que su crecimiento y desarrollo dependerá de ampliar las oportunidades de colocación de préstamos dentro de la región.

Un país con una base democrática amplia que sirva de semillero para preparar en los niveles municipales, provinciales y regionales a los futuros dirigentes políticos nacionales (federales).

Un país donde los partidos políticos nacionales necesariamente tendrán que contar con representatividad en todos los niveles electorales para tener vigencia política pero que al mismo tiempo garantiza el acceso al poder de movimientos políticos y/o alianzas de carácter municipal, provincial y/o regional.

Un país donde los impuestos indirectos generados en la región sean patrimonio económico de las mismas. Un país donde no sean necesarios los llamados “cánones” ya que cada región tendría la libertad y autoridad para decidir los impuestos que deberán pagar las empresas que operan en su región.

Un país en suma, con un gran reto por delante que va a poner a prueba el estoicismo de nuestros pueblos. Un país sin embargo con una visión de futuro, con una razón para trabajar y luchar, con un objetivo claro y con la promesa de un bienestar que solamente el pueblo puede conquistar.

Esto, en lugar de simplemente prometer al pueblo Peruano que esta vez si va a funcionar lo que nunca ha funcionado, o lo que es lo mismo, venderle esa sarcástica frase de la canción “El Apagón” de Rubén Blades, "De la esperanza.... soy socio."


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